El 2015 cerró como el año más violento y con mayor criminalidad: las cifras más grandes de homicidios, robos, secuestros, extorsiones en la historia del país. Sin embargo, las cifras oficiales no dijeron nada. El silencio parece ser la política oficial desde hace más de una década… El presente trabajo recoge lo que ha sido la historia y metodología de trabajo del Observatorio Venezolano de Violencia, el informe que presenta la institución del año 2015 y un artículo de su director, que intenta comprender y explicar la violencia y la criminalidad en nuestro país
Venezuela está entre los dos países más violentos del mundo. Sin embargo, hasta fines de los años ochenta, Venezuela no era considerada una sociedad violenta. Esa calamidad acogotaba a la vecina Colombia, a Brasil o a El Salvador, no a Venezuela.
No es que en Venezuela no existieran delitos, sino que las magnitudes eran pequeñas. Desde el punto de vista sociológico podemos decir, siguiendo a Durkheim, que los homicidios son un hecho normal en la sociedad. Normal pues existe en todas las sociedades: no hay país sin homicidios. Lo que varía son las magnitudes, pues en una sociedad se cometen algunas decenas de asesinatos al año y en otra ocurren decenas de miles de crímenes. En ciudades grandes como Madrid o París, se cometen unos cincuenta homicidios al año; en Caracas hay cincuenta homicidios cada semana…
Cuando en una sociedad hay pocos homicidios, las explicaciones refieren al ámbito personal: la patología individual, las circunstancias del entorno familiar o laboral. Pero, cuando son miles los casos, no se le puede dar el mismo tratamiento policial y criminológico. Allí la explicación debe ser social y política.
Para mediados de los años ochenta, la tasa de homicidios de Venezuela era casi igual a la de Estados Unidos de América; en la actualidad, es veinte meces mayor. A comienzos de este siglo, Colombia tenía el doble de asesinatos que Venezuela; una década después, en el año 2015, la tasa de homicidios de Venezuela triplicó la tasa de Colombia.
¿Qué nos ha pasado como sociedad?
Hay dos tipos de explicaciones a la violencia y la criminalidad en las ciencias sociales y el discurso político. La primera es de tipo material y afirma que la violencia tiene su origen en la pobreza y la desigualdad; otros le añaden el capitalismo o el neoliberalismo. La segunda es de tipo cultural o normativo; no se trata de las condiciones materiales, sino de las relaciones sociales, de la fuerza que las normas y leyes tienen en la vida de las personas y en la convivencia.
Si bien la explicación dominante en América Latina y en Venezuela ha sido atribuir la violencia a la pobreza y la desigualdad, la experiencia de Venezuela muestra lo contrario. Entre los años 2002 y 2012, cuando se percibió la mayor riqueza de la historia, y se redujo la pobreza y la desigualdad, los homicidios, robos y secuestros se incrementaron. Ni los países más pobres de América Latina, ni los estados más pobres de Venezuela son los más violentos.
En las páginas siguientes queremos mostrar cómo se han dado esos cambios en el corto período histórico y mostrar cómo las alteraciones en los niveles de criminalidad violenta se relacionan con el sentido moral y normativo de la sociedad, lo que en sociología y en economía conocemos como institucionalidad[1]. La institucionalidad no son las organizaciones, sino las reglas del juego que regulan los comportamientos, permiten los acuerdos sociales y hacen predecible el comportamiento de los actores sociales, reduciendo la incertidumbre y permitiendo la resolución pacífica de los conflictos.
Ciclos recientes de la violencia en Venezuela
La violencia en Venezuela fue hasta los años sesenta un problema de las áreas rurales, vinculado a los conflictos locales y, en unos casos, a la ausencia del Estado y, en otros, al abuso de sus representantes. El rápido proceso de urbanización, que llevó a más de la mitad de la población a vivir en ciudades después de los años cincuenta, cambió ese panorama. A pesar de los cambios entre la dictadura militar, el inicio de los gobiernos democráticos y la aparición de la guerrilla rural y urbana, no hubo variaciones significativas en la violencia entre los años cincuenta y hasta fines de los ochenta; la tasa de homicidios se mantuvo estable, entre ocho y diez víctimas por cada cien mil habitantes, hasta 1989.
En El Caracazo con los saqueos colectivos y la destrucción de bienes, se quiebra la convivencia y el orden social de respeto del otro y de la propiedad. Los intentos de golpe de Estado quebraron el pacto poítico de la democracia, el cual obligaba a llegar al gobierno por unas reglas de competencia y elección, por los votos y no por amenaza de las armas.
Aparición de la violencia urbana 1989-1994
Dos eventos marcaron la aparición de la violencia urbana en el país. El primero, fue la revuelta urbana y su posterior represión ocurrida en febrero de 1989, la cual tuvo un gran impacto en la sociedad, pues, en un país donde se cometían 1.700 homicidios por año, presenciar 534 muertes violentas en una semana y en una sola ciudad, en Caracas, representó un trauma. El segundo evento lo constituyeron los dos intentos de golpes de Estado en febrero y noviembre de 1992, los cuales si bien no fueron extremadamente letales, sí hubo militares y ciudadanos fallecidos, pero sobre todo implicaron un uso masivo de la fuerza, con movilizaciones de tropas, cruces de fuego sostenido en ciertas zonas urbanas y hasta bombardeos aéreos de la capital.
El Caracazo y los intentos de golpes de Estado pueden ser entendidos de múltiples maneras; para nosotros, ambos eventos representaron un quiebre de elementos básicos del pacto social venezolano. En El Caracazo, con los saqueos colectivos y la destrucción de bienes, se quiebra la convivencia y el orden social de respeto del otro y de la propiedad. Los intentos de golpe de Estado quebraron el pacto político de la democracia, el cual obligaba a llegar al gobierno por unas reglas de competencia y elección, por los votos y no por la amenaza de las armas. Así como El Caracazo quebró la institucionalidad social, los golpes de Estado disolvieron el acuerdo político, lo volvieron superfluo, y justificaron el uso de la violencia para alcanzar las metas.
La explicación al incremento de los homicidios en este período nos parece que se encuentra en estos dos eventos y en la legitimación del saqueo y de la violencia como herramientas de acción social y política.
Apaciguamiento de la violencia 1994-1998
El año 1994 tuvo una cifra record en los homicidios, pues se superaron los cuatro mil asesinatos, y una tasa de veinte fallecidos por cada cien mil habitantes. Ese mismo año se instauró un nuevo gobierno en el país, luego de un turbulento período de inestabilidad, signados por la destitución del presidente de la República y la designación de varios substitutos en un corto lapso de tiempo.
La llegada del presidente Caldera significó un esfuerzo notable por retornar a la tranquilidad e institucionalidad. No asumió muchos de los cambios que la sociedad estaba demandando, pero se dedicó a devolver estabilidad a las instituciones y a permitir que el futuro se hiciera predecible.
La consecuencia de esta política fue una contención de la violencia que se tradujo en estabilidad o reducción de las cifras de asesinatos en el país. En 1998 hubo 4.550 asesinatos, doscientos menos que cuando se había iniciado su gobierno.
Implosión de la violencia 1999-2013
De una manera muy sorprendente, en 1999, el primer año de gobierno del presidente Chávez, los homicidios subieron a 5.974 víctimas. Luego de cinco años de estabilidad, se cometieron mil quinientos asesinatos más sin mediar, en apariencia, ningún evento especial. Y al año siguiente, vuelven a aumentar, esta vez fueron dos mil víctimas más, hasta llegar a 8.022 en el año 2000. En los dos primeros años de gobierno de Hugo Chávez se duplicaron los homicidios.
Como puede observarse en el Gráfico 1, en los años sucesivos y hasta la actualidad se mantiene una tendencia al incremento sostenido. A pesar de algunas variaciones, la tendencia al incremento ha sido sostenida: en al año 2003 tuvimos 11.342 asesinatos y una tasa de 44; en el 2015 fueron 27.875 los asesinados, para una tasa de 90 homicidios.
Durante estos años el incremento no fue solo en los homicidios, pues aumentaron también los secuestros, los robos y se ha dado una expansión del delito organizado[2].
La explicación de este crecimiento excesivo y acelerado nos parece que debe encontrarse en el proceso de destrucción institucional que, de manera deliberada, se ha llevado a cabo en el país desde el gobierno nacional. Durante ese lapso de tiempo, las autoridades se dedicaron a realizar elogios continuos de la violencia y de los violentos: no solo se justificó el robo por necesidad, sino que se exaltó la resolución violenta de conflictos, se crearon condecoraciones e hicieron desfiles públicos y paradas militares para conmemorar actos violentos como “el 4 de febrero”; se llenaron las paredes de las oficinas públicas y se rindieron honores a las figuras violentas del país y el continente. Adicionalmente, el gobierno decidió no actuar para enfrentar el crimen y los delincuentes, bajo el argumento de que no quería ser visto como un gobierno represivo, se paralizó la acción policial y se entró en un proceso de politización de los organismos de seguridad que ha traído terribles consecuencias.
Institucionalidad y la contención de la violencia
La percepción general de la población y de algunas autoridades es que el delito y la violencia es un asunto de policías y ladrones, y en su énfasis situacional y pragmático se olvida del marco simbólico del pacto social. La institucionalidad es una cultura normativa y jurídica que puede ser intangible, pero que tiene la fuerza necesaria para detener o impulsar la violencia.
La sociedad actúa de tres maneras básicas para contener la violencia: en primer lugar, produce valores y normas que regulan la vida social. Son las reglas del juego que permiten convivir, evitar los malos entendidos y hacer predecible la vida en común.
En segundo lugar, la sociedad procura ofrecer protección efectiva a los ciudadanos, con la seguridad pública o privada, ante las amenazas externas o internas que pueden tener.
En tercer lugar, la sociedad reacciona con el castigo ante quienes quebrantan las normas, producen daños y realizan los actos proscritos en la sociedad. Es una reciprocidad negativa que puede ejecutarse directamente por los agraviados o de una manera delegada por el sistema de justicia criminal.
La institucionalidad está constituida en esos tres niveles de la sociedad que limitan, permiten y aseguran el fluido funcionamiento de la interacción social. Si no hay normas las personas se sienten desorientadas y en estado de anomia; si no hay protección efectiva se sienten indefensas y vulnerables; y si no hay respuestas a la transgresión, se vive en la impunidad. La institucionalidad es lo que ha fallado en Venezuela.
Roberto Briceño-León es sociólogo (UCV). Director-fundador del OVV
[1]BRICEÑO-LEÓN, R., ÁVILA O. y CAMARDIEL, A. (2012): Violencia e institucionalidad. Caracas: Editorial Alfa.
[2]BRICEÑO-LEÓN, R. y CAMARDIEL, A. (2015): Delito Organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela. Caracas: Editorial Alfa.
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